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La Comisión Europea puso a Airbnb contra las cuerdas

 

La plataforma tiene hasta fin de agosto para solucionar los incumplimientos de las Directivas sobre las prácticas comerciales desleales y cláusulas abusivas en los contratos detectados por las autoridades europeas. Por su parte y mediante la rúbrica de convenios macro, la Fehgra compromete a la esfera pública a regularizar la oferta informal en Argentina.

 

 

La Comisión Europea y las autoridades de Defensa del Consumidor de la UE instaron a Airbnb a que adapte sus cláusulas y condiciones a la normativa vigente y sea transparente en su presentación de precios.

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, declaró: “Cada vez son más los consumidores que reservan su alojamiento de vacaciones en forma online. Sin embargo, su popularidad no puede servir de excusa para no cumplir con las leyes de protección de los consumidores. Los usuarios deben poder comprender fácilmente por qué y cuánto han de pagar por los servicios contratados y contar con normas justas, por ejemplo, en caso de anulación del alojamiento por el propietario. Espero que Airbnb dé curso a este asunto con celeridad aplicando soluciones adecuadas”.

Desde estas latitudes, los empresarios del sector celebran este antecedente; mientras que la Fehgra ahonda los convenios de cooperación con provincias, ciudades y municipios para profundizar los controles en la oferta informal de servicios hoteleros y gastronómicos.

 

LO QUE LE PIDEN.

La presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen las Directivas sobre las prácticas comerciales desleales, sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil. Por lo tanto, las autoridades europeas le exigieron a Airbnb una serie de cambios. La empresa tiene plazo hasta el final de agosto para presentar sus propuestas. Una vez que Airbnb haya propuesto soluciones para rectificar la situación, la Comisión y las autoridades de protección de los consumidores las examinarán y, si no se consideran satisfactorias, Airbnb podría ser sometida a medidas ejecutivas.

Entre los cambios a los cuales fue instada la plataforma figuran el modificar la manera en que presenta la información sobre tarifas desde la búsqueda inicial en su sitio web, con el fin de garantizar que el consumidor sea notificado del precio total, incluidos todos los gastos y suplementos obligatorios.

También se le exige que indique claramente si la oferta procede de un anfitrión privado o de uno profesional.

Por otra parte, en los contratos la empresa no debe inducir a error a los consumidores acudiendo a una jurisdicción en un país diferente al de su Estado de residencia, ni Airbnb puede decidir unilateralmente y sin justificación qué condiciones podrán seguir en vigor en caso de terminación de un contrato.

Airbnb tampoco puede privar a los consumidores de su derecho legal de demandar a un anfitrión en caso de daños personales u otros, ni modificar unilateralmente las cláusulas y condiciones sin informar claramente a los usuarios anticipadamente y darles la posibilidad de rescindir el contrato.

Por último, Airbnb debe proporcionar en su sitio web un enlace con la plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) fácilmente accesible, y toda la información necesaria en relación con los reclamos.