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El gobierno facilita el registro y la devolución del RNT

Entre los cambios que contempla el Decreto 203 se encuentran los requisitos generales para la inscripción y el no cobro por la renovación del RNT.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció la expedición del Decreto 203, publicado el 1° de noviembre de 2018, por medio del cual se modifica la información contenida en el Registro Nacional de Turismo (RNT), que deben expedir las cámaras de comercio.

La norma tiene el objetivo de reducir los trámites que los prestadores de servicios turísticos –tales como agencias de viajes, hoteles, restaurantes y operadores, entre otros– deben adelantar para su inscripción en el RNT.

“Las principales modificaciones están relacionadas con los requisitos generales para la inscripción, al igual que para los inmuebles que prestan servicios turísticos, las causales para no efectuar ese registro y el certificado del mismo y su actualización. Con este decreto buscamos simplificarles la vida a nuestros operadores y promover la formalización en un sector que hoy es informal en un 41%”, explicó el ministro.

Otro de los cambios que establece es el no cobro por la renovación del RNT. Según Andrea Lasso, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del MinCIT, esta medida también genera un impacto en el RNT en personas no comerciantes, que ahora no tendrán que hacer el Registro Mercantil, sino que pueden ir directamente a registrarse como prestadores de servicios turísticos.

El Decreto otorga a las Cámaras de Comercio un plazo de tres meses para ajustar las herramientas tecnológicas de inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo.

Por su parte, la Anato insistió en la postura que ha manifestado públicamente en los últimos años: fortalecer los requerimientos para adquirir el RNT. Aseguró que los cambios convierten el proceso en algo declaratorio y aseguró que, aunque la simplificación de trámites y reducción de pagos son positivos, se deben robustecer los requerimientos para obtener el registro.

“Necesitamos que se exija una capacidad financiera mínima verificable que cubra los gastos en el momento en el que se presente algún inconveniente con el viaje de algún usuario”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.